La proliferación de actividad automatizada en internet, la caída del tráfico hacia los medios de comunicación y la falta de transparencia en el uso de los datos sitúan la confianza y la protección de los ciudadanos en el centro del debate tecnológico. Rafa Navarro, presidente y editor de Disruptores, y Lluisa Ali, directora general de la Fundación Hermes, abordaron estos desafíos durante el evento DISRUPTORES Innovation Awards 2026.
La inteligencia artificial está transformando la manera en que las personas acceden a la información, interactúan en internet y ejercen sus derechos. Sus posibilidades para impulsar la innovación conviven con riesgos cada vez más difíciles de ignorar: la difusión de contenidos engañosos, la polarización de la opinión pública, la pérdida de visibilidad de los medios de comunicación y la falta de conocimiento sobre las reglas que gobiernan el entorno digital.
Estas cuestiones centraron las intervenciones de Rafa Navarro, presidente y editor de DISRUPTORES, y Lluisa Ali, líder del Observatorio de Derechos Digitales y directora general de la Fundación Hermes, durante los DISRUPTORES Innovation Awards 2026. Ambos coincidieron en la necesidad de afrontar la transformación tecnológica sin perder de vista dos elementos fundamentales: la fiabilidad de la información y la protección de las personas.
La actividad automatizada amenaza la calidad del debate público
Durante su intervención, Rafa Navarro alertó sobre el peso creciente de las máquinas en internet y las redes sociales. Según los datos de SIP Connect que citó durante el encuentro, más del 50% de la actividad en estos entornos estaría generada por máquinas. Una cifra que obliga a replantear la manera en que interpretamos las conversaciones digitales y medimos la opinión pública. «¿Cuánto es contenido y cuánto es interacción? No lo sabemos, pero el dato es tremendo», señaló.
La preocupación no se limita al volumen de publicaciones automatizadas, sino también a su capacidad para condicionar la percepción de la realidad. En un ecosistema donde los algoritmos pueden amplificar determinados mensajes, generar interacciones artificiales o distribuir contenido de forma masiva, cada vez se nos hace más complicado distinguir entre una conversación auténtica y una actividad diseñada para influir.
Navarro advirtió que, pese a que el debate sobre la inteligencia artificial suele concentrarse en el temor a que los robots sustituyan a los trabajadores, existe otro problema que merece una atención incluso más importante: la influencia de los sistemas automatizados sobre la formación de la opinión pública.
«Seamos conscientes de que la opinión pública está ya en manos mayoritariamente de máquinas en todo el mundo», afirmó, vinculando esta evolución con el aumento de la radicalización y con modelos de negocio digitales que priorizan el tráfico por encima de la veracidad.
«La primera consecuencia es la polarización de opiniones, el negocio, el tráfico por el tráfico al que no le importa la verdad, más bien lo contrario», resumió. El desafío va más allá de detectar los contenidos falsos y exige comprender cómo los incentivos económicos de las plataformas favorecen su circulación.
Cuando la atención se convierte en el principal activo, la información más rigurosa no siempre es la que consigue mayor visibilidad. La viralidad puede imponerse a la comprobación de los hechos, mientras que los mensajes que generan indignación o enfrentamiento encuentran condiciones favorables para propagarse.
La inteligencia artificial también cambia el modelo de negocio de los medios
La advertencia de Navarro encuentra respaldo en los datos publicados este año por el Reuters Institute for the Study of Journalism, dependiente de la Universidad de Oxford. Su informe Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2026, basado en una encuesta a 280 responsables de medios de 51 países, señala que el tráfico procedente de las búsquedas orgánicas de Google hacia más de 2.500 sitios web cayó un 33% a escala global entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025. En Estados Unidos, el descenso alcanzó el 38%.
La investigación también revela que los responsables de medios prevén una reducción del 43% en el tráfico procedente de los buscadores durante los próximos tres años. Aunque los datos agregados no permiten atribuir toda la caída exclusivamente a la inteligencia artificial, la expansión de las respuestas generadas por estos sistemas está modificando la relación entre los usuarios y las fuentes originales.
El cambio es sustancial. Los buscadores han servido tradicionalmente para mostrar enlaces a páginas web y facilitar que el lector acceda a los contenidos o artículos. Pero con la llegada de los resúmenes generados por IA, gran parte de esa información se presenta directamente en la página de resultados. En otras palabras, el usuario puede obtener la respuesta sin visitar el medio que ha producido los contenidos.
Esta intermediación plantea un doble desafío: por un lado, reduce las oportunidades de captar lectores y monetizar el trabajo periodístico; por otro, puede hacer que el reconocimiento de las fuentes sea más difícil y que el público no contraste las informaciones.
En este escenario, Navarro reivindicó el papel de los medios como herramientas para acercarse a la verdad, especialmente cuando se abordan asuntos complejos relacionados con grandes empresas, startups, centros tecnológicos, universidades, investigadores o políticas de innovación.
«Es importante tener vehículos que nos acerquen lo máximo a la verdad», defendió. Para el presidente de Disruptores, los medios de comunicación, pese a sus defectos y diferencias editoriales, siguen siendo una referencia necesaria para interpretar la realidad y ofrecer información contrastada. «En este mundo fake hay que poner en valor la verdad, la seriedad y el rigor, el mismo que les exigen a ustedes en las empresas y puestos de trabajo», subrayó.
El líder de Disruptores apuntó que la actividad y los contenidos generados por la IA deben producirse bajo criterios que permitan conocer el origen de la información, verificarla y distinguir entre los contenidos rigurosos y aquellos que buscan únicamente generar tráfico o influir en la opinión pública.
«Es obvio que vamos a tener que convivir con las máquinas, pero usándolas en el buen sentido, manteniendo la trazabilidad de la verdad», concluyó.
Los derechos digitales, una asignatura pendiente
La transformación tecnológica no afecta únicamente a los medios de comunicación o al funcionamiento de las redes sociales. También plantea interrogantes sobre la privacidad, la transparencia, la autonomía personal y la capacidad de los ciudadanos para comprender las decisiones que les afectan.
Lluisa Ali, líder del Observatorio de Derechos Digitales y directora general de la Fundación Hermes, centró su intervención en esta dimensión. Su diagnóstico parte de una contradicción: mientras la tecnología amplía las posibilidades de comunicación, acceso al conocimiento y desarrollo profesional, también crea espacios en los que se vulneran o desprotegen derechos fundamentales.
«Sin darnos cuenta, todos o muchos de nuestros derechos que están perfectamente reconocidos en el mundo físico están siendo vulnerados con bastante facilidad en el mundo digital», advirtió.
Las plataformas digitales, los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial intervienen cada vez más en la vida cotidiana, pero sus criterios de funcionamiento no siempre son comprensibles para quienes los utilizan.
La ciudadanía puede aceptar unas condiciones de uso sin conocer realmente el alcance del tratamiento de sus datos, desconocer por qué recibe determinadas recomendaciones o tener dificultades para averiguar si está interactuando con una persona o con un sistema automatizado. También puede encontrarse con decisiones que afectan a su reputación, sus oportunidades o su acceso a determinados servicios sin disponer de explicaciones suficientes.
«Estamos acostumbrados a vivir en un entorno digital que es una jungla, muy distinto a cómo es el entorno físico», señaló Ali. La metáfora resume la distancia entre los derechos reconocidos formalmente y la capacidad real de ejercerlos en internet.
Para la responsable de la Fundación Hermes, el problema reside en que buena parte de las normas que condicionan la experiencia digital se han ido incorporando a través de productos y servicios tecnológicos sin que los usuarios hayan participado necesariamente en su definición ni comprendan sus consecuencias.
Por ello, considera fundamental que las personas dispongan de información y herramientas para conocer sus derechos, entender cómo se utilizan sus datos y reclamar explicaciones cuando una tecnología produce un resultado que les afecta.
«En la Fundación Hermes trabajamos para que las personas, empresas e instituciones conozcan sus derechos digitales y puedan crecer, comprender cómo se utilizan sus datos, saber cuándo estamos interactuando con máquinas o con personas, saber cómo pedir explicaciones ante alguna información que nos afecta o poder contar con las herramientas necesarias para poder participar en una sociedad cada vez más justa», explicó.
La defensa de los derechos digitales, desde esta perspectiva, no se reduce a reaccionar ante los abusos. También requiere alfabetización digital, transparencia en el diseño de los servicios y mecanismos efectivos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos.
La regulación europea busca reforzar la transparencia
La preocupación por los derechos digitales también está presente en la agenda regulatoria europea. El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea incorpora obligaciones de transparencia para ayudar a los ciudadanos a identificar cuándo están iteractuando con sistemas de IA y cuándo están consumiendo contenidos generados o manipulados artificialmente.
El artículo 50 del reglamento contempla obligaciones de transparencia cuya aplicación está prevista desde el 2 de agosto de 2026. Entre ellas figuran la identificación de determinados contenidos sintéticos y la obligación de informar sobre los deepfakes y ciertos textos de interés público generados o manipulados mediante IA que no hayan pasado por una revisión humana o un control editorial. Su aplicación concreta depende del tipo de sistema y de las excepciones previstas en la normativa.
Estas medidas responden a una necesidad que va más allá de la regulación tecnológica: permitir que los usuarios tomen decisiones informadas y sepan cuándo dar por válida y cuándo cuestionar la procedencia de una información. La transparencia, no obstante, constituye solo una pata de la solución. También hacen falta mecanismos de supervisión, responsabilidades claras y procedimientos accesibles para reclamar ante posibles vulneraciones.
Según Lluisa Ali, la responsabilidad no debería recaer exclusivamente en las administraciones públicas. Las empresas que desarrollan o incorporan sistemas de inteligencia artificial deben evaluar sus efectos, explicar sus decisiones cuando corresponda y evitar que la automatización se convierta en una barrera entre las personas y sus derechos.
